Setiembre, como consecuencia
de registrar acontecimientos de gran
entidad, se constituyó como uno de los meses más importantes e influyentes en
la existencia de quienes habitan el departamento de Caaguazú. Ambos eventos
entrañan la singularidad de ser liderados por abogados, de ser diametralmente
opuestos entre sí, por ser uno execrable y el otro encomiable, al mismo tiempo
de verificarse uno en la ciudad de Coronel Oviedo y el otro en la ciudad de
Caaguazú –rivales entre sí, en el mejor sentido de la palabra- y lo que es más,
en fechas inmediatamente sucesivas. En efecto,
según un documento original que obra en mi poder y que fuera emanado por
el obispado de Coronel Oviedo, el 5 de
setiembre de 1987, es decir, hace veintinueve años, la turba stronista encabezada por el abogado
Juan Ramírez Khon e integrada por Pascual Duarte, Aurelio Centurión, Eugenio
Segovia, Alberto Ovelar, Toto Brítez, Ariel Martínez, Concepción Mendoza, Derlis
Antonio Zarza, Ceferino Méndez, Juan Nepomuceno García, Geraldino Gómez,
Alfredo Ramón Villalba Zúñiga, Leónido Arévalo, Jerónimo Delgado, Pedro
Samudio, Edulfo Aquino, Carlos Alberto Arce (Nené), Agustín Portillo, Heinan
Andersen, Samuel González, Emiliano Vázquez, Heriberto Mendoza, Isaac Amarilla,
Francisco Silvero (Pancho), Juan de Rosa Segovia, Luís Morán, Fabio Acosta,
Artemio Andino, Sinforiano Leiva (Buco) y Ramón Fariña, irrumpió en el Salón
Parroquial y sus integrantes, supuestamente, agredieron físicamente con cables,
cadenas de motos, garrotes y otras armas contundentes a quienes estaban
reunidos en el mencionado local perteneciente a la Iglesia Católica de la
ciudad de Coronel Oviedo. Uno de los religiosos que fue agredido físicamente en
tan nefasto acontecimiento fue el sacerdote Ignacio Espínola, según refieren
algunos ovetenses de bien que repudian y se indignan por la brutal e injusta
agresión. “Ciertamente muchos de los actuaron en aquella oportunidad vinieron
engañados. La táctica del engaño es la de siempre: querer hacer creer que los
comunistas se sirven de la Iglesia y de ciertos sacerdotes para difundir su
ideología”, reza un párrafo del referido documento, que en otro sostiene:
“Según personas dignas de fe y los documentos que tenemos en nuestro poder el
abogado Juan Ramírez Khon ha sido uno de los principales dirigentes y promotor
de los hechos violentos realizados en el salón parroquial, propiedad privada de
la Iglesia; a él le aplicamos igualmente el Canon Nº 1.336”, sostiene
sintéticamente el mencionado documento. Este se constituyó, indudablemente, en
uno de los acontecimientos que estableció el inicio del fin de la dictadura, en
el Paraguay, de Alfredo Stroessner Matiauda, que aconteció un año y seis meses,
después, aunque el sistema que el nombrado tirano y sus lacayos estructuraron y
sus prácticas violatorias de los derechos humanos, siguen plenamente vigentes.
En efecto, el abogado Jorge Feliciano Soto Estigarribia, conspicuo miembro del “Cuatridemonio
de oro”, es ungido permanentemente por sus adulones colegas “magistrados” en
carácter de nada menos que Presidente de la Circunscripción Judicial de
Caaguazú, cargo desde el cual me persigue tenazmente en el marco de un diabólico
plan de erradicarme profesionalmente de la mencionada circunscripción, por no
aportar yo coimas y por criticar el asqueroso nepotismo y politiquería con los
que los Soto Estigarribia en complicidad con el superintendente José Raúl
Torres Kirmser, inficionaron la administración de la justicia en el
departamento de Caaguazú.
La supra mencionada
administración judicial stroniana de Caaguazú dominada por los Soto
Estigarribia, en complicidad con el Dr. José Raúl Torres Kirmser, utiliza,
análogamente, instrumenta al Abog. Juan Ramírez Khon para despotricar injusta y
calumniosamente contra mi persona -en su infructuoso afán de defender a la
inicua administración judicial de referencia, con la que así, se acredita con
creces- a través del poderoso holding de radio y televisión, propiedad de Blas
Antonio Sachelaridi ex secretario privado del delegado de gobierno stronista,
en Coronel Oviedo, Jorge Sebastián Miranda.
El diablo los crió stronistas y ellos se juntaron para hostilizar inmisericordemente
a quien propugna la independencia y la dignificación de la administración de la
justicia del departamento de Caaguazú.
Y, ayer, 06 de
setiembre de 2016, con el fin de solidarizarse y apoyar al presidente del
Colegio de Abogados de Caaguazú, el colega, Abog. Víctor Hugo Castelnovo, víctima
de reiterados actos de violencia con afanes, obviamente, intimidatorios,
concurrieron en la ciudad de Caaguazú y se manifestaron en el Palacio de
Justicia de dicha ciudad, numerosos presidentes y representantes
de las agremiaciones de abogados de la mayoría de los departamentos, ciudades y
pueblos de la República del Paraguay. Los que brillaron por su ausencia fueron
los representantes del Colegio de Abogados de la ciudad de Coronel Oviedo, las
razones son obvias.
Fueron reconfortantes y preciosas las expresiones
de solidaridad que numerosos colegas dirigieron a la víctima de la agresión y
por extensión a la agremiación que preside, enfatizando que los reiterados
acribillamientos de sus vehículos, es un grave hecho que palmariamente pretende
coartar el legítimo anhelo de una mejor administración de la justicia en la
ciudad de Caaguazú y que al paso, atenta contra el libre ejercicio de la
profesión de los abogados, en general. Sin embargo, el suscrito, al expresarse
en tan magna asamblea de abogados, señaló que la agresión sufrida por el colega
Víctor H. Castelnovo, es un efecto directo de una causa que no ha sido abordada
por los que le precedieron en el uso de las palabras: el avasallamiento de la
administración de la justicia del departamento de Caaguazú por parte de
politicastros de la zona, a quienes, entre mis expresiones, el Vice Presidente
del Consejo de la Magistratura, Abog., Juan Bueno Jara –también presente en el
acto– individualizó categóricamente diciendo, “Baby” Soto Estigarribia y “Beto”
Ovelar. Y, desgraciadamente para la administración de la justicia en el V
departamento de la República del Paraguay, esa es la patética verdad, porque
desde el más humilde al más encumbrado ciudadano caaguaceño conoce que el
diputado Mario “Baby” Soto Estigarribia y el senador nacional Silvio “Beto”
Ovelar son los que, en complicidad con el superintendente de la Circunscripción
de Caaguazú, Dr., Raúl Torres Kirmser, logran que sus parientes, adherentes
políticos partidarios y amigos, sean designados en carácter de jueces, agentes
fiscales, defensores públicos, actuarios y funcionarios de inferior jerarquía
en el Poder Judicial, Ministerio Público y Ministerio de la Defensa Pública de
la mencionada circunscripción judicial. Es cierto, que “Baby” Soto Estigarribia
es quien recurre a dicha práctica desde hace más tiempo y con mayor frecuencia,
causando nefastas consecuencias a la administración de justicia a la que priva
de su independencia, de los principios republicanos y democráticos,
absolutamente imprescindibles para el establecimiento de un Estado de Derecho.
Hace diez y seis años que vengo denunciando este socavamiento, lo que me atrajo
una colosal y abyecta persecución por parte de los “señores feudales” de la
zona y sus secuaces, devenidos a magistrados, agentes fiscales, defensores
públicos y funcionarios judiciales, que se confabularon graníticamente,
urdiendo y ejecutando un diabólico plan tendiente a erradicarme
profesionalmente de la Circunscripción Judicial de Caaguazú, ora inhibiéndose
masiva e injustificadamente en las causas que intervengo, ora emanando fallos
aberrantes en mi perjuicio o en el mejor de los casos para mi, imponiendo las
costas por su orden, o incurriendo en demoras u errores malvadamente
intencionados o extraviando expedientes en los que tengo reconocida la personería
u ocultando los correspondientes libros de registros.
También el Colegio de Abogados de Caaguazú
denunció, recientemente, la intromisión de los politicastros en la
administración de la justicia en la otrora “Capital de la Madera”; reveló incluso,
que funcionarios de los juzgados de Caaguazú realizaron actividades políticas
partidarias en el ámbito del Palacio de Justicia de dicha ciudad, quienes para
colmo, se candidataron para presidentes de seccionales y concejales. Y lo que
es más –ratificando mis denuncias de más de tres lustros– por vía de un comunicado,
emitido a fines del mes de agosto del año en curso, el Colegio de Abogados de
Caaguazú, responsabilizó de los hechos de violencia supra mencionados, al
superintendente de esta Circunscripción Judicial, Raúl Torres Kirmser y al
presidente de la Circunscripción, Jorge Soto Estigarribia. Es más, la valiente
colega de la ciudad de Caaguazú, Angélica Vera, a propósito, sostuvo: “Los principales responsables son los de la administración
de esta circunscripción empezando por el superintendente Torres que permitió la
intromisión política y el Presidente Feliciano Soto, hermano del senador Soto,
que fueron permisivo y no pudieron tomar las medidas correspondiente incluso
mucho antes, son cómplices de la estadística de corrupción por el que Paraguay
es conocido.” Por su parte, el colega y político caaguaceño,
Jorge Dos Santos, en el seno de la asamblea de abogados del Paraguay, llevados
a cabo ayer en el ámbito del Palacio de Justicia de Caaguazú, a la intromisión
de politiqueros en la administración judicial de la ex “Capital de la madera”,
calificó de “…mala praxis política…” y puso el dedo en la llaga al decir: “…la
ciudad de Caaguazú, a pesar de contar con ciento cincuenta mil habitantes y
brillantes profesionales de derecho, con medalla de oro, incluso, es dejada de
lado, como es el caso concreto del Juzgado en lo laboral que fue creado para
esta ciudad (Caaguazú) y sin embargo, fue trasladado a la ciudad de Coronel
Oviedo en donde está funcionando a cargo de la hermana del Gobernador del V
departamento, (Zully Varela), quien fue designada jueza, en perjuicio de una
colega caaguaceña a quien de nada sirvió su medalla de oro ni su mayor puntaje
en la terna que integró.
De todo lo expuesto
precedentemente podría presumirse, vehementemente, que la causa de la cobarde
agresión de la que fue víctima el presidente del Colegio de Abogados de Caaguazú,
debería indagarse en la intromisión política partidaria de referencia, que se
socializó con los presidentes y representantes de las numerosas agremiaciones
de abogados de gran parte de nuestro país. He aquí la otra gran importancia de
la asamblea de los profesionales de derecho llevada a cabo ayer en la ciudad de
Caaguazú. En efecto, los aludidos colegas se informaron in visu e in situ que
la Circunscripción Judicial de Caaguazú perdió su independencia en manos de los
politicastros de la zona y que por tanto, todos los gremios de abogados del ancho
y largo de nuestro país, deben pensar, definir e implementar acciones concretas
ante la Corte Suprema de Justicia al mismo tiempo de pergeñar proyectos de
leyes y presentarlas al Congreso Nacional con la clara y categórica finalidad
de amputar los tentáculos con los que los politicastros subyugan la
administración de la justicia en la Circunscripción Judicial de Caaguazú y en
otras circunscripciones judiciales, porque considero que la del Caaguazú, no
sería la única afectada por los malos políticos, en la inteligencia de que a
partir del marco de la Constitución de la República del Paraguay, la politiquería
permea trasversal y desgraciadamente, todas las instituciones de nuestro país. Si no se articulan tales acciones, la
mencionada reunión de abogados sería infructuosa y se esfumará como el más
volátil de los elementos químicos. En cambio, si los gremios de abogados tan
esperanzadoramente reunidos recientemente, tomasen el toro por las astas y en
consecuencia, estructurasen y calendarizasen acciones y las ejecutasen
rigurosamente, podría pensarse, seriamente, en el principio del fin del
avasallamiento, por los politicastros, de la administración judicial de
Caaguazú y otras circunscripciones afectadas por tan perversa y perjudicial
práctica.
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