¿EL PRINCIPIO DEL FIN?

Setiembre, como consecuencia de registrar acontecimientos  de gran entidad, se constituyó como uno de los meses más importantes e influyentes en la existencia de quienes habitan el departamento de Caaguazú. Ambos eventos entrañan la singularidad de ser liderados por abogados, de ser diametralmente opuestos entre sí, por ser uno execrable y el otro encomiable, al mismo tiempo de verificarse uno en la ciudad de Coronel Oviedo y el otro en la ciudad de Caaguazú –rivales entre sí, en el mejor sentido de la palabra- y lo que es más, se produjeron entre el 5 y el 6 de setiembre, aunque en años muy distantes entre sí. En efecto,  según un documento original que obra en mi poder y que fuera emanado por el obispado de Coronel Oviedo, el  5 de setiembre de 1987, es decir, hace veintinueve años,  la turba stronista encabezada por el abogado Juan Ramírez Khon e integrada por Pascual Duarte, Aurelio Centurión, Eugenio Segovia, Alberto Ovelar, Toto Brítez, Ariel Martínez, Concepción Mendoza, Derlis Antonio Zarza, Ceferino Méndez, Juan Nepomuceno García, Geraldino Gómez, Alfredo Ramón Villalba Zúñiga, Leónido Arévalo, Jerónimo Delgado, Pedro Samudio, Edulfo Aquino, Carlos Alberto Arce (Nené), Agustín Portillo, Heinan Andersen, Samuel González, Emiliano Vázquez, Heriberto Mendoza, Isaac Amarilla, Francisco Silvero (Pancho), Juan de Rosa Segovia, Luís Morán, Fabio Acosta, Artemio Andino, Sinforiano Leiva (Buco) y Ramón Fariña, irrumpió en el Salón Parroquial y sus integrantes, supuestamente, agredieron físicamente con cables, cadenas de motos, garrotes y otras armas contundentes a quienes estaban reunidos en el mencionado local perteneciente a la Iglesia Católica de la ciudad de Coronel Oviedo. Uno de los religiosos que fue agredido físicamente en tan nefasto acontecimiento fue el sacerdote Ignacio Espínola, según refieren algunos ovetenses de bien que repudian y se indignan por la brutal e injusta agresión. “Ciertamente muchos de los actuaron en aquella oportunidad vinieron engañados. La táctica del engaño es la de siempre: querer hacer creer que los comunistas se sirven de la Iglesia y de ciertos sacerdotes para difundir su ideología”, reza un párrafo del referido documento, que en otro sostiene: “Según personas dignas de fe y los documentos que tenemos en nuestro poder el abogado Juan Ramírez Khon ha sido uno de los principales dirigentes y promotor de los hechos violentos realizados en el salón parroquial, propiedad privada de la Iglesia; a él le aplicamos igualmente el Canon Nº 1.336”, sostiene sintéticamente el mencionado documento. Este se constituyó, indudablemente, en uno de los acontecimientos que estableció el inicio del fin de la dictadura, en el Paraguay, de Alfredo Stroessner Matiauda, que aconteció un año y seis meses después, aunque el sistema que el nombrado tirano y sus lacayos estructuraron y sus prácticas violatorias de los derechos humanos, siguen plenamente vigentes. En efecto, el abogado Jorge Feliciano Soto Estigarribia, conspicuo miembro del “Cuatridemonio de oro”, es ungido permanentemente por sus adulones colegas “magistrados” en carácter de nada menos que Presidente de la Circunscripción Judicial de Caaguazú, cargo desde el cual me persigue tenazmente en el marco de un diabólico plan de erradicarme profesionalmente de la mencionada circunscripción, por no aportar yo coimas y por criticar el asqueroso nepotismo y politiquería con los que los Soto Estigarribia en complicidad con el superintendente José Raúl Torres Kirmser, inficionaron la administración de la justicia en el departamento de Caaguazú.

         La  supra mencionada administración judicial stronista de Caaguazú dominada por los Soto Estigarribia, en complicidad con el Dr. José Raúl Torres Kirmser, análogamente, instrumenta al Abog. Juan Ramírez Khon para despotricar injusta y calumniosamente contra mi persona -en un infructuoso afán de defender a la inicua administración judicial de referencia, con la que así, se acredita con creces- a través del poderoso holding de radio y televisión, propiedad de Blas Antonio Sachelaridi, cuñado del eterno presidente de la Circunscripción Judicial de Caaguazú Jorge Feliciano Soto Estigarribia y ex secretario privado del Delegado de Gobierno stronista, en Coronel Oviedo, Jorge Sebastián Miranda.   El diablo los crió stronistas y ellos se juntaron para hostilizar inmisericordemente a quien propugna la independencia y la dignificación de la administración de la justicia del departamento de Caaguazú.

          Y, el 06 de setiembre de 2016, con el fin de solidarizarse y apoyar al presidente del Colegio de Abogados de Caaguazú, el colega, Abog. Víctor Hugo Castelnovo, víctima de reiterados actos de violencia con afanes, obviamente, intimidatorios, concurrieron en la ciudad de Caaguazú y se manifestaron en el Palacio de Justicia de dicha ciudad, numerosos presidentes y representantes de las agremiaciones de abogados de la mayoría de los departamentos, ciudades y pueblos de la República del Paraguay. Los que brillaron por su ausencia fueron los representantes del Colegio de Abogados de la ciudad de Coronel Oviedo, en razón de que los mismos son funcionales al sistema impuestos por los Soto Estigarribia.

                   Fueron reconfortantes y preciosas las expresiones de solidaridad que numerosos colegas dirigieron a la víctima de la agresión y por extensión a la agremiación que preside, enfatizando que los reiterados acribillamientos de sus vehículos, es un grave hecho que palmariamente pretende coartar el legítimo anhelo de una mejor administración de la justicia en la ciudad de Caaguazú y que al paso, atenta contra el libre ejercicio de la profesión de los abogados, en general. Sin embargo, el suscrito, al expresarse en tan magna asamblea de abogados, señaló que la agresión sufrida por el colega Víctor H. Castelnovo, es un efecto directo de una causa que no ha sido abordada por los que le precedieron en el uso de las palabras: el avasallamiento de la administración de la justicia del departamento de Caaguazú por parte de politicastros de la zona, a quienes, entre mis expresiones, el Vice Presidente del Consejo de la Magistratura, Abog., Juan Bueno Jara –también presente en el acto– individualizó categóricamente diciendo, “Baby” Soto Estigarribia y “Beto” Ovelar. Y, desgraciadamente para la administración de la justicia en el V departamento de la República del Paraguay, esa es la patética verdad, porque desde el más humilde al más encumbrado ciudadano caaguaceño conoce que el diputado Mario “Baby” Soto Estigarribia y el senador nacional Silvio “Beto” Ovelar son los que, en complicidad con el superintendente de la Circunscripción de Caaguazú, Dr., Raúl Torres Kirmser, logran que sus parientes, adherentes políticos partidarios y amigos, sean designados en carácter de jueces, agentes fiscales, defensores públicos, actuarios y funcionarios de inferior jerarquía en el Poder Judicial, Ministerio Público y Ministerio de la Defensa Pública de la mencionada circunscripción judicial. Es cierto, que “Baby” Soto Estigarribia es quien recurre a dicha práctica desde hace más tiempo y con mayor frecuencia, causando nefastas consecuencias a la administración de justicia a la que priva de su independencia, de los principios republicanos y democráticos, absolutamente imprescindibles para el establecimiento de un Estado de Derecho. Hace diez y seis años que vengo denunciando este socavamiento, lo que me atrajo una colosal y abyecta persecución por parte de los “señores feudales” de la zona y sus secuaces, devenidos a magistrados, agentes fiscales, defensores públicos y funcionarios judiciales, que se confabularon graníticamente, urdiendo y ejecutando un diabólico plan tendiente a erradicarme profesionalmente de la Circunscripción Judicial de Caaguazú, ora inhibiéndose masiva e injustificadamente en las causas que intervengo, ora emanando fallos aberrantes en mi perjuicio o en el mejor de los casos para mi, imponiendo las costas por su orden, o incurriendo en demoras u errores malvadamente intencionados o extraviando expedientes en los que tengo reconocida la personería u ocultando los correspondientes libros de registros.

           También el Colegio de Abogados de Caaguazú denunció, recientemente, la intromisión de los politicastros en la administración de la justicia en la otrora “Capital de la Madera”; reveló incluso, que funcionarios de los juzgados de Caaguazú realizaron actividades políticas partidarias en el ámbito del Palacio de Justicia de dicha ciudad, quienes para colmo, se candidataron para presidentes de seccionales y concejales, respectivamente. Además, –ratificando mis denuncias de más de tres lustros– por vía de un comunicado, emitido a fines del mes de agosto del año en curso, el Colegio de Abogados de Caaguazú, responsabilizó de los hechos de violencia supra mencionados, al superintendente de esta Circunscripción Judicial, Raúl Torres Kirmser y al presidente de la Circunscripción, Jorge Soto Estigarribia. Es más, la valiente colega de la ciudad de Caaguazú, Angélica Vera, a propósito, sostuvo: “Los principales responsables son los de la administración de esta circunscripción empezando por el superintendente Torres que permitió la intromisión política y el Presidente Feliciano Soto, hermano del senador Soto, que fueron permisivo y no pudieron tomar las medidas correspondiente incluso mucho antes, son cómplices de la estadística de corrupción por el que Paraguay es conocido.” Por su parte, el colega y político caaguaceño, Jorge Dos Santos, en el seno de la asamblea de abogados del Paraguay, llevados a cabo ayer en el ámbito del Palacio de Justicia de Caaguazú, a la intromisión de politiqueros en la administración judicial de la ex “Capital de la madera”, calificó de “…mala praxis política…” y puso el dedo en la llaga al decir: “…la ciudad de Caaguazú, a pesar de contar con ciento cincuenta mil habitantes y brillantes profesionales de derecho, con medalla de oro, incluso, es dejada de lado, como es el caso concreto del Juzgado en lo laboral que fue creado para esta ciudad (Caaguazú) y sin embargo, fue trasladado a la ciudad de Coronel Oviedo en donde está funcionando a cargo de la hermana del Gobernador del V departamento, (Zully Varela), quien fue designada jueza, en perjuicio de una colega caaguaceña a quien de nada sirvió su medalla de oro y su mayor puntaje en la terna que integró.

            De todo lo expuesto precedentemente podría presumirse, vehementemente, que la causa de la cobarde agresión de la que fue víctima el presidente del Colegio de Abogados de Caaguazú, debería indagarse en la intromisión política partidaria de referencia, que se socializó con los presidentes y representantes de las numerosas agremiaciones de abogados de gran parte de nuestro país. He aquí la otra gran importancia de la asamblea de los profesionales de derecho llevada a cabo ayer en la ciudad de Caaguazú. En efecto, los aludidos colegas se informaron in visu e in situ que la Circunscripción Judicial de Caaguazú perdió su independencia en manos de los politicastros de la zona y que por tanto, todos los gremios de abogados del ancho y largo de nuestro país, deben pensar, definir e implementar acciones concretas ante la Corte Suprema de Justicia al mismo tiempo de pergeñar proyectos de leyes y presentarlas al Congreso Nacional con la clara y categórica finalidad de amputar los tentáculos con los que los politicastros subyugan la administración de la justicia en la Circunscripción Judicial de Caaguazú y en otras circunscripciones judiciales, porque considero que la del Caaguazú, no sería la única afectada por los malos políticos, en la inteligencia de que a partir del marco de la Constitución de la República del Paraguay, la politiquería permea trasversal y desgraciadamente, todas las instituciones de nuestro país.  Si no se articulan tales acciones, la mencionada reunión de abogados sería infructuosa y se esfumará como el más volátil de los elementos químicos. En cambio, si los gremios de abogados tan esperanzadoramente reunidos recientemente, tomasen el toro por las astas y en consecuencia, estructurasen y calendarizasen acciones y las ejecutasen rigurosamente, podría pensarse, seriamente, en el principio del fin del avasallamiento, por los politicastros, de la administración judicial de Caaguazú y otras circunscripciones afectadas por tan perversa y perjudicial práctica.

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