LA CANALLADA DE GLADYS TORALES DE OVELAR

              

         El 28 de abril del 2014, la COMISION ANTICORRUPICION DE LA COOPERATIVA “CORONEL OVIEDO” Ltda. (C.A.C.Coltd), que tengo la honra de presidir, bajo mi patrocinio profesional, presentó la primera denuncia contra los supuestos ladrones de nuestra mencionada cooperativa que fue caratulada: “…SOBRE SUPUESTO HECHO PUNIBLE DE LESION DE CONFIANZA EN CORONEL OVIEDO”. Para mayor desgracia de los que somos asociados de la mencionada entidad solidaria, la denuncia cayó en manos de la agente fiscal Gladys Torales de Ovelar, titular de la Unidad Fiscal en lo Penal Nº 4 del AREA VI-Coronel  Oviedo, quien como consecuencia de la presión de  numerosos factores exógenos –que desde un principio denuncié públicamente–  dilató hasta lo “ingueroviable” la investigación de los hechos denunciados, razón por la que se habrían perdido ya una montaña de evidencias, los reprochables habrían transferido ya a testaferros sus multimillonarios bienes sustraídos a la cooperativa y lo que es peor, hasta el día de hoy no existe un solo imputado en la causa, en tanto que el transcurso del tiempo hacia la prescripción de la acción penal, no se interrumpió sino a fines del mes de octubre del año por fenecer y solamente en relación a Romilio Ortiz, Osmar Javier Ortellado, Ángel Collante, Raúl Vera, Heriberto González, Quirino Duarte Cabral, Adela Soraida Riveros, Elvio Chávez Rivas y Néstor Narváez, al ser llamados éstos, por la agente fiscal Lourdes Soto, a prestar declaración indagatoria. Respecto a los demás supuestos responsables de la ruina de la  Cooperativa Coronel Oviedo –que serían unas cincuenta o más personas- el plazo a los efectos de la prescripción de la acción penal, sigue corriendo, por no realizarse ningún acto procesal interruptivo en relación a ellos.

         Desde un principio denuncié por todos los medios masivos de comunicación a mi alcance que la agente fiscal Gladys Torales de Ovelar venía demorando las diligencias investigativas relevantes y la consecuente imputación de los presuntos culpables – a cuyo efecto no necesitaba, sino de una razonable sospecha– por razones de amistad, parentesco, politiquería,  “chonguismo”, sin olvidar jamás que los supuestos responsables de la ruina de nuestra cooperativa se volvieron millonarios, ostentando estancias repletas de ganado vacuno, granjas, mansiones, lujosos y caros automotores, último modelo, y por tanto, capaces moral y económicamente, de todo lo que uno pueda imaginar más en el fuero penal, que en otro. Y, el 08 de noviembre del año que va feneciendo, la agente fiscal Gladys Torales de Ovelar, me dio toda la razón del mundo, al inhibirse en la causa supra individualizada, confesando que es amiga intima con los sospechados Raúl Vera (Secretario General de la Gobernación del V departamento) y Néstor Narváez (actualmente agente fiscal). ¡Nada más injusto! En efecto, cómo es que la nombrada agente fiscal, que viene “chicaneando” en la mencionada causa desde el 28 de abril de 2014, o sea, dos años y siete meses, aproximadamente, recién el 08 de agosto de 2016, se dio cuenta de que había sido Raúl Vera y Néstor Narváez son sus amigos íntimos? Esta demorada inhibición, motivó que la correspondiente carpeta fiscal fuera derivada, maquiavélicamente, a otra unidad fiscal, causando otra larga demora en la tramitación de la causa de referencia. Este ardid es, obviamente, una canallada, una cruel burla y una desconsiderada revictimización de todos los que somos socios de la Cooperativa Coronel Oviedo, a la que con su dolosa demora, la agente fiscal Gladys Torales de Ovelar, causó un colosal e irreparable daño patrimonial  a partir de la ABSOLUTA PERDIDA DE LA CREDIBILIDAD DE LA MAYORIA DE LA MASA SOCIETARIA, que de haberse perpetrado en un país en donde la administración de justicia no estuviera sometida a los politicastros, hubiera dado lugar al procesamiento y destitución de la nombrada agente fiscal. Nótese, a propósito, que la impunidad, es decir, la aún no sanción penal de los supuestos ladrones y ladronas que arruinaron la Cooperativa “Coronel Oviedo” Ltda., a pesar de haber transcurrido cerca de tres años desde que la nombrada agente fiscal, recibió la denuncia de referencia, sumió, a la mayoría  de socios de la mentada cooperativa, en la pérdida absoluta de credibilidad en la administración de la justicia ovetense, o mejor dicho, en las agentes fiscales que mal manejan la que es conocida popularmente como la “CAUSA DE LA COOPERATIVA CORONEL OVIEDO”,  y lo que es más patético y perjudicial aún, constriñó a esa gran mayoría de asociados a mostrarse profundamente  reacia a aportar la más mínima suma de guaraníes para reactivar la mencionada cooperativa por el fundado temor de que sus aportes sean nuevamente robados, sin sanción alguna, por los vaciadores de la Cooperativa Coronel Oviedo, que en consecuencia, va directamente a la liquidación definitiva, salvo que opere algún milagro, que constituiría un monumental daño a toda la comunidad ovetense y a las de las comunidades circunvecinas dado que el cierre definitivo de la mencionada entidad solidaria entrañará, entre otros perjuicios, la pérdida de fuentes de trabajo, la cesación definitiva de una inyección de unos diez mil millones de guaraníes mensuales a la economía de esta región y la extinción de una unidad económica, la que con sus luces y sombras, otorgaba créditos para instalar aunque más no sea un modesto local comercial, para comprar una casa, un auto, para comprar los uniformes y útiles escolares, o para pagar las cuotas o derechos de exámenes a nivel universitario, con menos exigencias formales e intereses más bajos que los usurarios de los bancos o los mismos usureros que se fortalecieron o germinaron como hongos en la ciudad de Coronel Oviedo, desde que se arruinó, progresivamente, la Cooperativa de Producción Agro Industrial “Coronel Oviedo” Ltda.

6:53 Share:

LA CALIFICACION DE LA CONDUCTA DE PARAGUAYO CUBAS

        

         

      DEPENDE DEL COLOR DEL CRISTAL CON QUE SE LO MIRE.

         Múltiples son las perspectivas desde  las que se puede analizar la conducta desplegada por el ciudadano Paraguayo Cubas Colomés y su juzgamiento va a depender del color del cristal con que se la mire, porque como dice el poeta español Campoamor “En este mundo traidor nada es verdad ni mentira; todo es según el color del cristal con que se mira. En efecto, la cintareada a un juez y la defecación en su secretaría por parte del mentado, puede observarse y juzgarse en su contexto o descontextualizando, como efecto de una causa, como un embrión revolucionario, como un conjunto mensajes simbólicos, etc., etc. En términos generales el que amerita estas líneas, viene realizando, con otras dos personas, una serie de denuncias públicas contra las supuestas conductas culposas (muerte por electrocución de una menor) y dolosa (sobrefacturación de galletitas) por parte de los Zacarías Irún, un clan familiar muy influyente en Ciudad del Este. La investigación de los  hechos denunciados son supuestamente dilatadas, al máximo, por el Ministerio Público de la mencionada ciudad fronteriza, que según los denunciantes, además de la administración judicial del Alto Paraná, se halla sometido a la voluntad política de la mencionada casta dominante en la referida ciudad fronteriza y que este sometiendo sería la motivación de la mencionada contemporización, orientada a la consecución de la impunidad de los reprochables. Extrayendo de este contexto y por tanto, analizando aisladamente y en función a las normas legales y sociales, la acción de “Payo” realizada el 22 de setiembre de 2016, es lisa y llanamente objetable como justiciable, no en su carácter de abogado, aunque resulta difícil separar el uno del otro. Empero, examinando  en el contexto de la causa-efecto, supra consignada y juzgándola en función a la pésima fama de la que sufre desde antaño la administración de la justicia de nuestro país y los mensajes revolucionarios –en el mejor sentido de la palabra- que entraña, la acción materializada por Paraguayo Cubas anteayer, para algunos de los pocos que luchamos pública y denodadamente contra la colosal corrupción de la administración de la justicia de la República del Paraguay y la impunidad, deviene totalmente justificable.

         Nuestros enemigos y los que no son ecuánimes, por simple envidia, solamente pregonan nuestros defectos y errores, en los que incurrimos porque somos seres finitos, perfectibles. No por una simple fanfarria, sino en mi afán de justificar plenamente la conducta de “Payo”, soslayando toda modestia –por lo que suplico sepan disculparme– PARAGUAYO CUBAS COLOMÉS, la COORDINADORA DE ABOGADOS DEL PARAGUAY, EL COLEGIO DE ABOGADOS DEL ALTO PARANA y recientemente, EL COLEGIO DE ABOGADOS DE CAAGUAZU y el que suscribe,  ELIO GOMEZ, somos  las contadas personas físicas y jurídicas, que más  visiblemente luchamos contra la corrupción imperante en el Poder Judicial de la República del Paraguay, vergonzosamente sometido a los designios de los politicastros. En efecto, hace 16 (diez y seis) años ininterrumpidos que vengo denunciando públicamente que la administración de justicia de la Circunscripción Judicial de Caaguazú, ha perdido su independencia en manos de los politicastros Soto Estigarribia, en complicidad con el Superintendente de la mencionada circunscripción, Dr. José Raúl Torres Kirmser, llegando incluso a encadenarme a uno de los pilares del Palacio de Injusticia de la ciudad de Coronel Oviedo, exigiendo justicia y en protesta contra la intolerable intromisión del referido caudillos politiquero de la región, en la mencionada administración de justicia. Por este  extremo comportamiento, los honorables magistrados, los funcionarios judiciales de Coronel Oviedo, la prensa amiga de los politicastros y éstos mismos, me tildaron de “loco”. Además, motivó que mis criticados urdieran un diabólico plan para excluirme profesionalmente de la Circunscripción Judicial de Caaguazú, que vertiginosamente se implementó a través de masivas e injustificadas inhibiciones de la mayoría absoluta de magistrados y actuarios judiciales. La referida  conducta la realicé el 23 de diciembre de 2013 y se la puede constatar en el link http://www.abc.com.py/edicion-impresa/interior/abogado-se-encadena-para-exigir-justicia-381707.html., por lo que en función a la denuncia del nepótico Jorge Feliciano Soto Estigarribia –por zalamería de sus colegas, eterno presidente de la Circunscripción Judicial de Caaguazú– fui injustamente sumariado por la Corte Suprema de Justicia, sin que hasta la fecha me hayan notificado de la resolución que habrían dictado en el contexto de dicho sumario, el que actualmente está multiplicado a la cantidad de cuatro injustos sumarios. No chillo a raíz del inmisericorde hostigamiento de que soy víctima, porque asumo las consecuencias de mis actos, cuya represión es lógica por parte de los corruptos a quienes critico.

          Desde hace un buen tiempo, vengo leyendo en la web, los posteos críticos de Cubas Colomés y los de la presidenta de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, abogada Katya González y su compañera, la servicial, apreciada y respetada colega María Esther Roa Correa,  contra la mala administración judicial. Las denuncias de Katya suele publicarse, análogamente, en los medios masivos de comunicación de la capital de nuestro país, de entre los cuales, el diario ABC Color, suele honrarme también con las valiosas publicaciones de mis denuncias.

         Además de las nombradas precedentemente, desconozco que hayan otras personas físicas o jurídicas que estén luchando pública y firmemente contra la corrupción de la administración judicial, los factores exógenos que la inficionan trasversalmente y la impunidad en la que epiloga. Y, por experiencia vivencial les confieso –con las debidas disculpas- que realmente rompe las bolas y supongo también los ovarios, lo infructuoso que resultan nuestras pacíficas, pero sacrificadas luchas, que nos constriñe a contemplar impotentes el exponencial aumento de los nombramientos, en carácter de jueces, fiscales, defensores públicos y funcionarios judiciales de los parientes, secuaces y amigos de los politicastros, que luego, en función al cohecho pasivo agravado (coimas) se vuelven multimillonarios, recurriendo, los más “letraditos” a testaferros, en tanto que los más tontos,  ostentan inescrupulosamente carísimos automotores, fastuosas mansiones, lujosas estancias ganaderas, etc, etc., que en conjunto generan la gran inseguridad de nuestro país, fruto perverso de la impunidad, que sin embargo, no logra la reacción de la apática –por no utilizar otro término–  nación paraguaya, en general y en especial de la mayoría de los abogados que antes bien prefieren aliarse con los politicastros o permanecer neutrales, convirtiéndose en verdaderos “gusanos” que medran silenciosamente en la podredumbre. Esta indiferencia de la nación paraguaya acerca del grave problema que entraña el imperio de los factores exógenos en la administración de la justicia que culmina en una colosal corrupción e impunidad, es francamente exasperante, al punto tal que constantemente me constriñe –en mi carácter de luchador por una mejor administración de justicia–  a fantasear con acciones incluso más drásticas que las realizadas por “Payo”…

         En las guerras, en las revoluciones armadas –me refiero a las que responden a causas nobles– llegan a cegarse, incluso, miles y millones de vidas humanas, que sin embargo, halla su justificación, aunque sea forzada, desde la perspectiva teológica, en la bondad y la justicia de sus propósitos, que no son posibles conseguir sin la transgresión de las normas en general. No todos los cambios se logran pacíficamente –aunque esta metodología sea la preferible–;  muchos de ellos exigen ineludiblemente las transgresiones e incluso la violencia en función de cuán sólidamente está enraizado el mal que se pretende extirpar. Para derrocar, aunque más no sea, al cruel dictador Alfredo Stroessner –porque la perversa estructura que montó, sigue intacta en nuestro país– fue necesario sacrificar múltiples vidas humanas, como fue menester, desde antaño, en otros países del orbe. La comunidad nacional y los organismos internacionales conocen y califican a la administración de la justicia paraguaya como una de las peores del mundo. Hay que evaluar en su real dimensión este flagelo para darse cuenta de que para lograr el cambio en el ámbito del Poder Judicial de la República del Paraguay, son absolutamente ineficaces las conductas laxas y más aún el puritanismo.

         Durante nuestra manifestación de abogados contra la actuación de la Fiscalía y la Policía, llevada a cabo frente al Ministerio Público de Ciudad del Este, el 20 de setiembre de 2016, el representante del Colegio de Abogados del Alto Paraná, Abog. Antero Prieto,  sostuvo que la conducta desplegada por Cubas Colomés tiene tres vertientes: una política, otra jurídica y gremial. Dijo “vertiente”, que es una terminología ambigua. Empero si la causa que motiva la acción de Paraguayo Cubas fuera la política partidaria orientada a capturar votos para una futura candidatación suya a un cargo político, no la comparto absolutamente porque no sería genuina, sino hipócrita, y me sentiría instrumentado en aras de un interés particular subrepticio. Sería como aproximárseme con una amplia sonrisa, pero con la mano en el mango del facón oculto bajo el poncho, como oculta está la intención dolosa, como le escribí en su oportunidad a Kathya González, quien me obsesiona como luchadora social, no como política. Soslayando el mencionado interés político-partidario referido por un profesional que conoce muy bien al que motiva estas líneas y como que el hecho que abordo tiene múltiples aristas, cabe señalar, que la cintareada a un juez y el defecar en su secretaría se justifican plenamente y los banco totalmente, en tanto configuran un embrión revolucionario y en cuanto a los múltiples mensajes que remite a la apática sociedad paraguaya, en general y en especial a la no menos indiferente comunidad de abogados. El juez Amílcar Antonio Marecos Reyes, afamado por estar supuestamente involucrado en el “negocio” de tierras en “Chino Cue” –no arremete con mayor énfasis contra “Payo”, sino aplica la más popular de las leyes paraguayas, la del “ñembotavy”, no porque es “calidá”, sino porque teme su desenmascaramiento por parte de quien lo cintareó– personificaría a los malos administradores de la justicia que sobradamente ameritan ser “cintareados”, sancionados y defenestrados del Poder Judicial, a diferencia de los magistrados probos, que son francamente pocos, pero que existen. Y la defecación de Paraguayo Cubas en la Secretaría de Marecos Reyes, es simbólicamente, cagarse, merecidamente, sobre los corruptos magistrados que administran la injusticia en nuestro país y que por tanto, constantemente nos cagan a los paraguayos.

         En consecuencia, Campoamor tuvo razón…

11:59 Share:

¿EL PRINCIPIO DEL FIN?

Setiembre, como consecuencia de registrar acontecimientos  de gran entidad, se constituyó como uno de los meses más importantes e influyentes en la existencia de quienes habitan el departamento de Caaguazú. Ambos eventos entrañan la singularidad de ser liderados por abogados, de ser diametralmente opuestos entre sí, por ser uno execrable y el otro encomiable, al mismo tiempo de verificarse uno en la ciudad de Coronel Oviedo y el otro en la ciudad de Caaguazú –rivales entre sí, en el mejor sentido de la palabra- y lo que es más, se produjeron entre el 5 y el 6 de setiembre, aunque en años muy distantes entre sí. En efecto,  según un documento original que obra en mi poder y que fuera emanado por el obispado de Coronel Oviedo, el  5 de setiembre de 1987, es decir, hace veintinueve años,  la turba stronista encabezada por el abogado Juan Ramírez Khon e integrada por Pascual Duarte, Aurelio Centurión, Eugenio Segovia, Alberto Ovelar, Toto Brítez, Ariel Martínez, Concepción Mendoza, Derlis Antonio Zarza, Ceferino Méndez, Juan Nepomuceno García, Geraldino Gómez, Alfredo Ramón Villalba Zúñiga, Leónido Arévalo, Jerónimo Delgado, Pedro Samudio, Edulfo Aquino, Carlos Alberto Arce (Nené), Agustín Portillo, Heinan Andersen, Samuel González, Emiliano Vázquez, Heriberto Mendoza, Isaac Amarilla, Francisco Silvero (Pancho), Juan de Rosa Segovia, Luís Morán, Fabio Acosta, Artemio Andino, Sinforiano Leiva (Buco) y Ramón Fariña, irrumpió en el Salón Parroquial y sus integrantes, supuestamente, agredieron físicamente con cables, cadenas de motos, garrotes y otras armas contundentes a quienes estaban reunidos en el mencionado local perteneciente a la Iglesia Católica de la ciudad de Coronel Oviedo. Uno de los religiosos que fue agredido físicamente en tan nefasto acontecimiento fue el sacerdote Ignacio Espínola, según refieren algunos ovetenses de bien que repudian y se indignan por la brutal e injusta agresión. “Ciertamente muchos de los actuaron en aquella oportunidad vinieron engañados. La táctica del engaño es la de siempre: querer hacer creer que los comunistas se sirven de la Iglesia y de ciertos sacerdotes para difundir su ideología”, reza un párrafo del referido documento, que en otro sostiene: “Según personas dignas de fe y los documentos que tenemos en nuestro poder el abogado Juan Ramírez Khon ha sido uno de los principales dirigentes y promotor de los hechos violentos realizados en el salón parroquial, propiedad privada de la Iglesia; a él le aplicamos igualmente el Canon Nº 1.336”, sostiene sintéticamente el mencionado documento. Este se constituyó, indudablemente, en uno de los acontecimientos que estableció el inicio del fin de la dictadura, en el Paraguay, de Alfredo Stroessner Matiauda, que aconteció un año y seis meses después, aunque el sistema que el nombrado tirano y sus lacayos estructuraron y sus prácticas violatorias de los derechos humanos, siguen plenamente vigentes. En efecto, el abogado Jorge Feliciano Soto Estigarribia, conspicuo miembro del “Cuatridemonio de oro”, es ungido permanentemente por sus adulones colegas “magistrados” en carácter de nada menos que Presidente de la Circunscripción Judicial de Caaguazú, cargo desde el cual me persigue tenazmente en el marco de un diabólico plan de erradicarme profesionalmente de la mencionada circunscripción, por no aportar yo coimas y por criticar el asqueroso nepotismo y politiquería con los que los Soto Estigarribia en complicidad con el superintendente José Raúl Torres Kirmser, inficionaron la administración de la justicia en el departamento de Caaguazú.

         La  supra mencionada administración judicial stronista de Caaguazú dominada por los Soto Estigarribia, en complicidad con el Dr. José Raúl Torres Kirmser, análogamente, instrumenta al Abog. Juan Ramírez Khon para despotricar injusta y calumniosamente contra mi persona -en un infructuoso afán de defender a la inicua administración judicial de referencia, con la que así, se acredita con creces- a través del poderoso holding de radio y televisión, propiedad de Blas Antonio Sachelaridi, cuñado del eterno presidente de la Circunscripción Judicial de Caaguazú Jorge Feliciano Soto Estigarribia y ex secretario privado del Delegado de Gobierno stronista, en Coronel Oviedo, Jorge Sebastián Miranda.   El diablo los crió stronistas y ellos se juntaron para hostilizar inmisericordemente a quien propugna la independencia y la dignificación de la administración de la justicia del departamento de Caaguazú.

          Y, el 06 de setiembre de 2016, con el fin de solidarizarse y apoyar al presidente del Colegio de Abogados de Caaguazú, el colega, Abog. Víctor Hugo Castelnovo, víctima de reiterados actos de violencia con afanes, obviamente, intimidatorios, concurrieron en la ciudad de Caaguazú y se manifestaron en el Palacio de Justicia de dicha ciudad, numerosos presidentes y representantes de las agremiaciones de abogados de la mayoría de los departamentos, ciudades y pueblos de la República del Paraguay. Los que brillaron por su ausencia fueron los representantes del Colegio de Abogados de la ciudad de Coronel Oviedo, en razón de que los mismos son funcionales al sistema impuestos por los Soto Estigarribia.

                   Fueron reconfortantes y preciosas las expresiones de solidaridad que numerosos colegas dirigieron a la víctima de la agresión y por extensión a la agremiación que preside, enfatizando que los reiterados acribillamientos de sus vehículos, es un grave hecho que palmariamente pretende coartar el legítimo anhelo de una mejor administración de la justicia en la ciudad de Caaguazú y que al paso, atenta contra el libre ejercicio de la profesión de los abogados, en general. Sin embargo, el suscrito, al expresarse en tan magna asamblea de abogados, señaló que la agresión sufrida por el colega Víctor H. Castelnovo, es un efecto directo de una causa que no ha sido abordada por los que le precedieron en el uso de las palabras: el avasallamiento de la administración de la justicia del departamento de Caaguazú por parte de politicastros de la zona, a quienes, entre mis expresiones, el Vice Presidente del Consejo de la Magistratura, Abog., Juan Bueno Jara –también presente en el acto– individualizó categóricamente diciendo, “Baby” Soto Estigarribia y “Beto” Ovelar. Y, desgraciadamente para la administración de la justicia en el V departamento de la República del Paraguay, esa es la patética verdad, porque desde el más humilde al más encumbrado ciudadano caaguaceño conoce que el diputado Mario “Baby” Soto Estigarribia y el senador nacional Silvio “Beto” Ovelar son los que, en complicidad con el superintendente de la Circunscripción de Caaguazú, Dr., Raúl Torres Kirmser, logran que sus parientes, adherentes políticos partidarios y amigos, sean designados en carácter de jueces, agentes fiscales, defensores públicos, actuarios y funcionarios de inferior jerarquía en el Poder Judicial, Ministerio Público y Ministerio de la Defensa Pública de la mencionada circunscripción judicial. Es cierto, que “Baby” Soto Estigarribia es quien recurre a dicha práctica desde hace más tiempo y con mayor frecuencia, causando nefastas consecuencias a la administración de justicia a la que priva de su independencia, de los principios republicanos y democráticos, absolutamente imprescindibles para el establecimiento de un Estado de Derecho. Hace diez y seis años que vengo denunciando este socavamiento, lo que me atrajo una colosal y abyecta persecución por parte de los “señores feudales” de la zona y sus secuaces, devenidos a magistrados, agentes fiscales, defensores públicos y funcionarios judiciales, que se confabularon graníticamente, urdiendo y ejecutando un diabólico plan tendiente a erradicarme profesionalmente de la Circunscripción Judicial de Caaguazú, ora inhibiéndose masiva e injustificadamente en las causas que intervengo, ora emanando fallos aberrantes en mi perjuicio o en el mejor de los casos para mi, imponiendo las costas por su orden, o incurriendo en demoras u errores malvadamente intencionados o extraviando expedientes en los que tengo reconocida la personería u ocultando los correspondientes libros de registros.

           También el Colegio de Abogados de Caaguazú denunció, recientemente, la intromisión de los politicastros en la administración de la justicia en la otrora “Capital de la Madera”; reveló incluso, que funcionarios de los juzgados de Caaguazú realizaron actividades políticas partidarias en el ámbito del Palacio de Justicia de dicha ciudad, quienes para colmo, se candidataron para presidentes de seccionales y concejales, respectivamente. Además, –ratificando mis denuncias de más de tres lustros– por vía de un comunicado, emitido a fines del mes de agosto del año en curso, el Colegio de Abogados de Caaguazú, responsabilizó de los hechos de violencia supra mencionados, al superintendente de esta Circunscripción Judicial, Raúl Torres Kirmser y al presidente de la Circunscripción, Jorge Soto Estigarribia. Es más, la valiente colega de la ciudad de Caaguazú, Angélica Vera, a propósito, sostuvo: “Los principales responsables son los de la administración de esta circunscripción empezando por el superintendente Torres que permitió la intromisión política y el Presidente Feliciano Soto, hermano del senador Soto, que fueron permisivo y no pudieron tomar las medidas correspondiente incluso mucho antes, son cómplices de la estadística de corrupción por el que Paraguay es conocido.” Por su parte, el colega y político caaguaceño, Jorge Dos Santos, en el seno de la asamblea de abogados del Paraguay, llevados a cabo ayer en el ámbito del Palacio de Justicia de Caaguazú, a la intromisión de politiqueros en la administración judicial de la ex “Capital de la madera”, calificó de “…mala praxis política…” y puso el dedo en la llaga al decir: “…la ciudad de Caaguazú, a pesar de contar con ciento cincuenta mil habitantes y brillantes profesionales de derecho, con medalla de oro, incluso, es dejada de lado, como es el caso concreto del Juzgado en lo laboral que fue creado para esta ciudad (Caaguazú) y sin embargo, fue trasladado a la ciudad de Coronel Oviedo en donde está funcionando a cargo de la hermana del Gobernador del V departamento, (Zully Varela), quien fue designada jueza, en perjuicio de una colega caaguaceña a quien de nada sirvió su medalla de oro y su mayor puntaje en la terna que integró.

            De todo lo expuesto precedentemente podría presumirse, vehementemente, que la causa de la cobarde agresión de la que fue víctima el presidente del Colegio de Abogados de Caaguazú, debería indagarse en la intromisión política partidaria de referencia, que se socializó con los presidentes y representantes de las numerosas agremiaciones de abogados de gran parte de nuestro país. He aquí la otra gran importancia de la asamblea de los profesionales de derecho llevada a cabo ayer en la ciudad de Caaguazú. En efecto, los aludidos colegas se informaron in visu e in situ que la Circunscripción Judicial de Caaguazú perdió su independencia en manos de los politicastros de la zona y que por tanto, todos los gremios de abogados del ancho y largo de nuestro país, deben pensar, definir e implementar acciones concretas ante la Corte Suprema de Justicia al mismo tiempo de pergeñar proyectos de leyes y presentarlas al Congreso Nacional con la clara y categórica finalidad de amputar los tentáculos con los que los politicastros subyugan la administración de la justicia en la Circunscripción Judicial de Caaguazú y en otras circunscripciones judiciales, porque considero que la del Caaguazú, no sería la única afectada por los malos políticos, en la inteligencia de que a partir del marco de la Constitución de la República del Paraguay, la politiquería permea trasversal y desgraciadamente, todas las instituciones de nuestro país.  Si no se articulan tales acciones, la mencionada reunión de abogados sería infructuosa y se esfumará como el más volátil de los elementos químicos. En cambio, si los gremios de abogados tan esperanzadoramente reunidos recientemente, tomasen el toro por las astas y en consecuencia, estructurasen y calendarizasen acciones y las ejecutasen rigurosamente, podría pensarse, seriamente, en el principio del fin del avasallamiento, por los politicastros, de la administración judicial de Caaguazú y otras circunscripciones afectadas por tan perversa y perjudicial práctica.

18:53 Share:

¿EL PRINCIPIO DEL FIN?

Setiembre, como consecuencia de registrar acontecimientos  de gran entidad, se constituyó como uno de los meses más importantes e influyentes en la existencia de quienes habitan el departamento de Caaguazú. Ambos eventos entrañan la singularidad de ser liderados por abogados, de ser diametralmente opuestos entre sí, por ser uno execrable y el otro encomiable, al mismo tiempo de verificarse uno en la ciudad de Coronel Oviedo y el otro en la ciudad de Caaguazú –rivales entre sí, en el mejor sentido de la palabra- y lo que es más, en fechas inmediatamente sucesivas. En efecto,  según un documento original que obra en mi poder y que fuera emanado por el obispado de Coronel Oviedo, el  5 de setiembre de 1987, es decir, hace veintinueve años,  la turba stronista encabezada por el abogado Juan Ramírez Khon e integrada por Pascual Duarte, Aurelio Centurión, Eugenio Segovia, Alberto Ovelar, Toto Brítez, Ariel Martínez, Concepción Mendoza, Derlis Antonio Zarza, Ceferino Méndez, Juan Nepomuceno García, Geraldino Gómez, Alfredo Ramón Villalba Zúñiga, Leónido Arévalo, Jerónimo Delgado, Pedro Samudio, Edulfo Aquino, Carlos Alberto Arce (Nené), Agustín Portillo, Heinan Andersen, Samuel González, Emiliano Vázquez, Heriberto Mendoza, Isaac Amarilla, Francisco Silvero (Pancho), Juan de Rosa Segovia, Luís Morán, Fabio Acosta, Artemio Andino, Sinforiano Leiva (Buco) y Ramón Fariña, irrumpió en el Salón Parroquial y sus integrantes, supuestamente, agredieron físicamente con cables, cadenas de motos, garrotes y otras armas contundentes a quienes estaban reunidos en el mencionado local perteneciente a la Iglesia Católica de la ciudad de Coronel Oviedo. Uno de los religiosos que fue agredido físicamente en tan nefasto acontecimiento fue el sacerdote Ignacio Espínola, según refieren algunos ovetenses de bien que repudian y se indignan por la brutal e injusta agresión. “Ciertamente muchos de los actuaron en aquella oportunidad vinieron engañados. La táctica del engaño es la de siempre: querer hacer creer que los comunistas se sirven de la Iglesia y de ciertos sacerdotes para difundir su ideología”, reza un párrafo del referido documento, que en otro sostiene: “Según personas dignas de fe y los documentos que tenemos en nuestro poder el abogado Juan Ramírez Khon ha sido uno de los principales dirigentes y promotor de los hechos violentos realizados en el salón parroquial, propiedad privada de la Iglesia; a él le aplicamos igualmente el Canon Nº 1.336”, sostiene sintéticamente el mencionado documento. Este se constituyó, indudablemente, en uno de los acontecimientos que estableció el inicio del fin de la dictadura, en el Paraguay, de Alfredo Stroessner Matiauda, que aconteció un año y seis meses, después, aunque el sistema que el nombrado tirano y sus lacayos estructuraron y sus prácticas violatorias de los derechos humanos, siguen plenamente vigentes. En efecto, el abogado Jorge Feliciano Soto Estigarribia, conspicuo miembro del “Cuatridemonio de oro”, es ungido permanentemente por sus adulones colegas “magistrados” en carácter de nada menos que Presidente de la Circunscripción Judicial de Caaguazú, cargo desde el cual me persigue tenazmente en el marco de un diabólico plan de erradicarme profesionalmente de la mencionada circunscripción, por no aportar yo coimas y por criticar el asqueroso nepotismo y politiquería con los que los Soto Estigarribia en complicidad con el superintendente José Raúl Torres Kirmser, inficionaron la administración de la justicia en el departamento de Caaguazú.

         La  supra mencionada administración judicial stroniana de Caaguazú dominada por los Soto Estigarribia, en complicidad con el Dr. José Raúl Torres Kirmser, utiliza, análogamente, instrumenta al Abog. Juan Ramírez Khon para despotricar injusta y calumniosamente contra mi persona -en su infructuoso afán de defender a la inicua administración judicial de referencia, con la que así, se acredita con creces- a través del poderoso holding de radio y televisión, propiedad de Blas Antonio Sachelaridi ex secretario privado del delegado de gobierno stronista, en Coronel Oviedo, Jorge Sebastián Miranda.  El diablo los crió stronistas y ellos se juntaron para hostilizar inmisericordemente a quien propugna la independencia y la dignificación de la administración de la justicia del departamento de Caaguazú.

          Y, ayer, 06 de setiembre de 2016, con el fin de solidarizarse y apoyar al presidente del Colegio de Abogados de Caaguazú, el colega, Abog. Víctor Hugo Castelnovo, víctima de reiterados actos de violencia con afanes, obviamente, intimidatorios, concurrieron en la ciudad de Caaguazú y se manifestaron en el Palacio de Justicia de dicha ciudad, numerosos presidentes y representantes de las agremiaciones de abogados de la mayoría de los departamentos, ciudades y pueblos de la República del Paraguay. Los que brillaron por su ausencia fueron los representantes del Colegio de Abogados de la ciudad de Coronel Oviedo, las razones son obvias.

                   Fueron reconfortantes y preciosas las expresiones de solidaridad que numerosos colegas dirigieron a la víctima de la agresión y por extensión a la agremiación que preside, enfatizando que los reiterados acribillamientos de sus vehículos, es un grave hecho que palmariamente pretende coartar el legítimo anhelo de una mejor administración de la justicia en la ciudad de Caaguazú y que al paso, atenta contra el libre ejercicio de la profesión de los abogados, en general. Sin embargo, el suscrito, al expresarse en tan magna asamblea de abogados, señaló que la agresión sufrida por el colega Víctor H. Castelnovo, es un efecto directo de una causa que no ha sido abordada por los que le precedieron en el uso de las palabras: el avasallamiento de la administración de la justicia del departamento de Caaguazú por parte de politicastros de la zona, a quienes, entre mis expresiones, el Vice Presidente del Consejo de la Magistratura, Abog., Juan Bueno Jara –también presente en el acto– individualizó categóricamente diciendo, “Baby” Soto Estigarribia y “Beto” Ovelar. Y, desgraciadamente para la administración de la justicia en el V departamento de la República del Paraguay, esa es la patética verdad, porque desde el más humilde al más encumbrado ciudadano caaguaceño conoce que el diputado Mario “Baby” Soto Estigarribia y el senador nacional Silvio “Beto” Ovelar son los que, en complicidad con el superintendente de la Circunscripción de Caaguazú, Dr., Raúl Torres Kirmser, logran que sus parientes, adherentes políticos partidarios y amigos, sean designados en carácter de jueces, agentes fiscales, defensores públicos, actuarios y funcionarios de inferior jerarquía en el Poder Judicial, Ministerio Público y Ministerio de la Defensa Pública de la mencionada circunscripción judicial. Es cierto, que “Baby” Soto Estigarribia es quien recurre a dicha práctica desde hace más tiempo y con mayor frecuencia, causando nefastas consecuencias a la administración de justicia a la que priva de su independencia, de los principios republicanos y democráticos, absolutamente imprescindibles para el establecimiento de un Estado de Derecho. Hace diez y seis años que vengo denunciando este socavamiento, lo que me atrajo una colosal y abyecta persecución por parte de los “señores feudales” de la zona y sus secuaces, devenidos a magistrados, agentes fiscales, defensores públicos y funcionarios judiciales, que se confabularon graníticamente, urdiendo y ejecutando un diabólico plan tendiente a erradicarme profesionalmente de la Circunscripción Judicial de Caaguazú, ora inhibiéndose masiva e injustificadamente en las causas que intervengo, ora emanando fallos aberrantes en mi perjuicio o en el mejor de los casos para mi, imponiendo las costas por su orden, o incurriendo en demoras u errores malvadamente intencionados o extraviando expedientes en los que tengo reconocida la personería u ocultando los correspondientes libros de registros.

           También el Colegio de Abogados de Caaguazú denunció, recientemente, la intromisión de los politicastros en la administración de la justicia en la otrora “Capital de la Madera”; reveló incluso, que funcionarios de los juzgados de Caaguazú realizaron actividades políticas partidarias en el ámbito del Palacio de Justicia de dicha ciudad, quienes para colmo, se candidataron para presidentes de seccionales y concejales. Y lo que es más –ratificando mis denuncias de más de tres lustros– por vía de un comunicado, emitido a fines del mes de agosto del año en curso, el Colegio de Abogados de Caaguazú, responsabilizó de los hechos de violencia supra mencionados, al superintendente de esta Circunscripción Judicial, Raúl Torres Kirmser y al presidente de la Circunscripción, Jorge Soto Estigarribia. Es más, la valiente colega de la ciudad de Caaguazú, Angélica Vera, a propósito, sostuvo: “Los principales responsables son los de la administración de esta circunscripción empezando por el superintendente Torres que permitió la intromisión política y el Presidente Feliciano Soto, hermano del senador Soto, que fueron permisivo y no pudieron tomar las medidas correspondiente incluso mucho antes, son cómplices de la estadística de corrupción por el que Paraguay es conocido.” Por su parte, el colega y político caaguaceño, Jorge Dos Santos, en el seno de la asamblea de abogados del Paraguay, llevados a cabo ayer en el ámbito del Palacio de Justicia de Caaguazú, a la intromisión de politiqueros en la administración judicial de la ex “Capital de la madera”, calificó de “…mala praxis política…” y puso el dedo en la llaga al decir: “…la ciudad de Caaguazú, a pesar de contar con ciento cincuenta mil habitantes y brillantes profesionales de derecho, con medalla de oro, incluso, es dejada de lado, como es el caso concreto del Juzgado en lo laboral que fue creado para esta ciudad (Caaguazú) y sin embargo, fue trasladado a la ciudad de Coronel Oviedo en donde está funcionando a cargo de la hermana del Gobernador del V departamento, (Zully Varela), quien fue designada jueza, en perjuicio de una colega caaguaceña a quien de nada sirvió su medalla de oro ni su mayor puntaje en la terna que integró.

            De todo lo expuesto precedentemente podría presumirse, vehementemente, que la causa de la cobarde agresión de la que fue víctima el presidente del Colegio de Abogados de Caaguazú, debería indagarse en la intromisión política partidaria de referencia, que se socializó con los presidentes y representantes de las numerosas agremiaciones de abogados de gran parte de nuestro país. He aquí la otra gran importancia de la asamblea de los profesionales de derecho llevada a cabo ayer en la ciudad de Caaguazú. En efecto, los aludidos colegas se informaron in visu e in situ que la Circunscripción Judicial de Caaguazú perdió su independencia en manos de los politicastros de la zona y que por tanto, todos los gremios de abogados del ancho y largo de nuestro país, deben pensar, definir e implementar acciones concretas ante la Corte Suprema de Justicia al mismo tiempo de pergeñar proyectos de leyes y presentarlas al Congreso Nacional con la clara y categórica finalidad de amputar los tentáculos con los que los politicastros subyugan la administración de la justicia en la Circunscripción Judicial de Caaguazú y en otras circunscripciones judiciales, porque considero que la del Caaguazú, no sería la única afectada por los malos políticos, en la inteligencia de que a partir del marco de la Constitución de la República del Paraguay, la politiquería permea trasversal y desgraciadamente, todas las instituciones de nuestro país.  Si no se articulan tales acciones, la mencionada reunión de abogados sería infructuosa y se esfumará como el más volátil de los elementos químicos. En cambio, si los gremios de abogados tan esperanzadoramente reunidos recientemente, tomasen el toro por las astas y en consecuencia, estructurasen y calendarizasen acciones y las ejecutasen rigurosamente, podría pensarse, seriamente, en el principio del fin del avasallamiento, por los politicastros, de la administración judicial de Caaguazú y otras circunscripciones afectadas por tan perversa y perjudicial práctica.

16:24 Share: